Los juzgados alegan que no les llegan delitos de tráfico de coches oficiales
Expertos judiciales creen que estas conducciones temerarias se archivan antes con la justificación de que el exceso de velocidad fue por una urgencia
Expertos judiciales consultados no recuerdan haber visto ningún caso en el juzgado de guardia por un delito de conducción temeraria cometido por el chófer de un coche oficial que circulaba con exceso de velocidad por ir a más de 60 o 80 km/h por encima del máximo autorizado. «Estas cosas me llamarían la atención, que estuviese implicada una ambulancia o políticos, y aquí no he visto nada así a lo largo de mi carrera. Una conducción temeraria que entrase en la guardia llegaría sin duda a un juicio rápido independientemente de si un coche es oficial o no», comenta una jurista veterana de un juzgado de instrucción de Vigo. Otra profesional consultada tampoco recuerda casos de este tipo. Y los juzgados de lo Contencioso-Administrativo ni siquiera tramitaron multas en Vigo contra titulares de coches oficiales.
Las fuentes judiciales consultadas sospechan que esas infracciones son anuladas en un filtro anterior. En la mayoría de los casos, quedarían archivadas en una fase previa porque los infractores habrían alegado ante la autoridad competente, por ejemplo Tráfico o la Policía Local, que tenían justificación. Por ejemplo, cuando una ambulancia se dirige a gran velocidad a una emergencia para salvar vidas o si un coche de policía participa en una arriesgada persecución. De esta exención penal quedaría excluido el político que va con prisas al mitin.
El archivo de las denuncias por exceso de velocidad punible de coches oficiales fue destapado por el fiscal delegado de Pontevedra, pero ha sido la Fiscalía General del Estado quien la ha elevado a categoría de «problemática» en su memoria del 2015, publicada esta semana. En concreto, cita a Pontevedra como lugar donde ha «emergido» la existencia de estas prácticas tan clementes con los vehículos oficiales.
Tres casos sobreseídos
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en una entrevista con la redactora de La Voz María del Carmen García de Burgos, remitió ayer a la Fiscalía General como la fuente original que refiere tal problemática e insistió en que el departamento que dirige nunca ha mencionado tal cosa. Explicó ayer que la memoria de la Fiscalía de Pontevedra habla solamente de tres casos: dos de la Policía Local y uno de la Nacional, que acabaron en sobreseimiento. Y la referencia que se hace en la Fiscalía de Pontevedra sobre estos casos «se refiere a estos vehículos oficiales concretos». Insiste en que en su memoria en ningún lado habla de ninguna problemática de los vehículos oficiales, por lo que remite directamente al propio informe elaborado por la Fiscalía General, que sería la que, a su juicio, debería explicar qué es lo que quiere decir con esas apreciaciones sobre la provincia de Pontevedra. La Fiscalía General admite, en su texto, que tal «problemática» la ha deducido de lo que ha leído en otras memorias provinciales, aunque cita únicamente a Pontevedra.
Aladro aclara que, en su día, la Fiscalía General hizo una petición genérica respecto a los vehículos oficiales. «A lo mejor de ahí se ha extraído la consideración de esa noticia. Pero yo entiendo que esa noticia no tiene una relación directa con la Fiscalía de Pontevedra o, por lo menos, nadie ha leído la memoria en este sentido», dice. Insiste que tal problemática no ha quedado reflejada en el informe pontevedrés y está sorprendido porque «yo no he visto que esa problemática se refiera a nosotros, no hilo la problemática con la Fiscalía de Pontevedra, sinceramente».
En la Fiscalía de A Coruña, según informa Alberto Mahía, aseguran que solo el fiscal de seguridad vial de Pontevedra destacó el archivo de los excesos de velocidad punibles en la memoria. El resto de las Fiscalías gallegas no lo hizo y no lo harán ni se pronunciarán sobre este asunto.
La oficina de Tráfico de Ourense, según informa Pepe Seoane, tramita todas las denuncias, tanto si corresponden a vehículos con placas de matrículas «reservadas» como las de los coches oficiales. Y si desde la administración, el responsable del departamento que fletó el vehículo certifica por escrito las condiciones en las que se produjo la infracción y ofrece razones que la justifiquen, como la urgencia, se valoran y se actúa en consecuencia.
