La Voz de Galicia

La Fiscalía General pide investigar la conducción temeraria de policías

En Vigo archivaron 3 casos de coches patrulla con exceso de velocidad

La Fiscalía General del Estado se hace eco de un informe de los fiscales de seguridad vial y dio más detalles de la problemática que emergió en Vigo tras el archivo sistemático de tres excesos de velocidad punibles de vehículos oficiales en emergencia.

Revela que tres denuncias contra vehículos policiales (dos de la policía local y uno de la nacional) fueron archivados por los juzgados de Vigo. La prioridad de la Fiscalía de Seguridad Vial es que la policía local lleve a cabo una «mínima investigación» que determine si, efectivamente, el vehículo de emergencia que cometió una delito vial circulaba prestando un servicio, por ejemplo, para perseguir a un delincuente. Esa investigación debería tener unos mínimos exigibles como que los agentes contacten con el departamento o empresa del vehículo, pidan la documentación que justifique el servicio e identifiquen al conductor, y luego remitan los datos al fiscal de seguridad vial para que valore si la urgencia estaba justificada o hubo delito. No es lo mismo una ambulancia que va a salvar vidas que otra que acude a reforzar un servicio que está cubierto.

El Ministerio Público admite que la problemática no se circunscribe a la provincia de Pontevedra sino que hay más casos. «Se pone de manifiesto que en algunas capitales se detecta un elevado número de vehículos oficiales que circula por encima de los límites de seguridad del artículo 379.1 del Código Penal, en la mayoría de los casos vehículos policiales, rotulados o no, y de asistencia sanitaria, pero también algún supuesto excepcional de vehículos con matrículas oficiales y del cuerpo diplomático. En un porcentaje de casos, sin cuantificar, sin justificación alguna», revela un informe de los fiscales de seguridad vial en un grupo de trabajo de coordinación municipal que dirige el fiscal de sala y del que forman parte fiscales delegados y policías locales.

El documento añade que las policías que han detectado estos excesos le han dado un tratamiento muy diverso. «En algunos casos no efectúan ningún tipo de investigación, no instruyen atestado ni judicializan los hechos», dice el mismo dosier. La preocupación de la Fiscalía General no se centra en los chóferes de los coches de los políticos sino en los vehículos de emergencia de la policía, bomberos, protección civil, salvamento o las ambulancias que superan en 60 o 80 km/h lo máximo autorizado, que es delito. Los otros coches oficiales (con matrícula reservada o sin ella) o del cuerpo diplomático quedan fuera de esta excepción, salvo que tuviesen inmunidad por otras razones.

La conclusión del grupo de trabajo es que si la policía local detecta un exceso de velocidad en una ambulancia, un coche de bomberos, de protección civil, salvamento o de la propia policía, tendrá que hacer indagaciones. El informe de los fiscales de seguridad vial detecta que algunas veces la policía local les informa pero otras contacta directamente con el departamento responsable del vehículo y se conforman con la justificación que les dan y archivan el caso.

El fiscal de Seguridad Vial propone justificar con documentos la emergencia