Faro de Vigo

Liberada una persona que quedó atrapada tras salirse de la vía con su coche en Vigo

El siniestro ocurrió en la avenida del Aeropuerto

Los Bomberos de Vigo excarcelaron a una persona que quedó atrapada en el interior de su vehículo después de salirse de la vía anoche cuando transitaba por la ciudad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas. Varias personas avisaron al 112 de que un coche que circulaba en estos momentos por la avenida del Aeropuerto, en Cabral, se había salido de la vía y que podía haber personas atrapdas personas en el interior.
Al recibir la alerta, el 112 Galicia avisó al 061-Urxencias Sanitarias y a los Bomberos de la ciudad, que tuvieron que actuar para liberar al conductor. También se informó de lo ocurrido a la Policía Local y a Protección Civil.

Cinco Dias

Así son los intentos de estafar al seguro que merecen premio

ICEA premia ocho casos investigados por Pelayo, Mapfre, Caser, Axa, Generali y Fiatc

Las 38 entidades participantes en el estudio lograron destapar casi 166.000 intentos de fraude

Pese a ser un país de pícaros y estos cada vez más sutiles e imaginativos a la hora de intentar estafar a las compañías de seguros, lo cierto es que los últimos datos demuestran que también las empresas ponen a disposición de sus investigadores cada vez más medios. Las aseguradoras recuperan 48,10 euros por cada euro que destinan a investigar posibles casos de fraude. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el informe El fraude al seguro español. Año 2017 que ha publicado este jueves Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA).

El estudio ha sido realizado con la información remitida por 38 aseguradoras, entidades que aglutinan una cuota de mercado del 54,5% y lograron aflorar 165.959 intentos de estafa. Durante la presentación del estudio, los expertos pusieron de manifiesto que el fraude al seguro es un delito que perjudica a la sociedad en su conjunto. "Las aseguradoras resuelven los problemas de la gente con el dinero que le pagan sus clientes. Por lo tanto, cuando un defraudador plantea una reclamación indebida o exagerada, lo que hace es tratar de enriquecerse a costa del resto de asegurados", advierte el informe.
El XXIV Concurso sectorial de detección de fraudes organizado por ICEA reconoce las labores de investigación en tres categorías de seguros: automóvil, diversos (que engloba hogar, comercio, comunidades, pymes y responsabilidad civil) y personales (vida, accidentes o salud).
Los intentos de estafa que han sido merecedores del primer premio en cada categoría son los siguientes:

En el ramo de automóviles, la empresa galardonada ha sido Pelayo por un suceso ocurrido en Dos Hermanas, Sevilla.
"Amanece en Dos Hermanas (Sevilla) y parece que será uno de esos días que se tuercen. Todavía con el pijama puesto, el asegurado se entera por un vecino de que alguien le ha dado un golpe a su volkswagen polo blanco, que estaba aparcado en la calle. Para colmo, se ha dado a la fuga. Al recibir la noticia llama a su aseguradora para dar parte. Su vehículo tiene marcas de una colisión fuerte en la parte frontolateral derecha. Su reparación rondará los 3.500 euros. Pueden verse fragmentos de plástico rojo, que parecen ser del piloto trasero de otro coche, así como una letra “S” que se ha debido desprender del vehículo huido. El perito que analiza los desperfectos concluye que es posible que el choque haya sido con un Ford Focus. Modelo de 2001, para más señas. El análisis de los daños también desvela otro dato interesante: el pretensor del cinturón de seguridad del conductor estaba activado, algo que no debía ocurrir pues, según relata el cliente, la colisión se produjo sin haber nadie dentro del coche y estando este estacionado".
Las pesquisas que pone a continuación en marcha la compañía llevan a sus peritos a rastrear varios talleres y concesionarios de la zona y de las investigaciones llevadas a cabo concluye finalmente que quien pretendía ser el perjudicado, el conductor del volkswagen polo blanco, resulta ser quien colisionó hasta con tres vehículos diferentes. El relato inicial se demuestra que es falso.
En la categoría de diversos, Caser ha resultado la entidad galardonada con el primer premio por un intento de estafa cometido por un empresario en la Costa de Cádiz.
"Un empresario asegura su barco de pesca y, apenas cinco meses después, este se hunde frente a la costa de Cádiz. La aseguradora sospecha que el infortunio podría haber sido provocado por varios motivos: la embarcación no activó las señales habituales de alarma y, además, quien acudió en su auxilio fue una embarcación propiedad del sobrino del empresario. Además, apenas unos días antes del hundimiento, el pesquero había recibido permiso para navegar 30 millas mar adentro, cuando antes solo podía hacerlo hasta 10 millas. El lugar del suceso era, por lo tanto, una zona mucho menos transitada y las posibilidades de que hubiera testigos de lo sucedido eran más bajas".
La empresa trató de localizar por todos los medios el buque, para lo que llegó a emplear a una compañía especializada en estas tareas, así como a expertos del Ministerio de Fomento. Las pesquisas arrojan claras contradicciones entre el relato de los hechos y la información, entre otras, que facilita la caja azul del barco. La embarcación hundida jamás fue encontrada, y todos los indicios apuntaban a un posible fraude. El asegurado reclamaba el pago de 325.000 euros por vía judicial. Sin embargo, el juez dio la razón a la aseguradora. Quedó probado que el barco no se había podido hundir tal y como había relatado su propietario. Tenía que haber habido una actuación dolosa o imprudente, concluyó.
Por último, en la rama de seguros personales, el primer premio se lo han llevado las entidades Generali y AXA por un caso desarrollado entre España y Venezuela.
"El protagonista es un hijo de españoles nacido en Venezuela, donde se crio y formó una familia, hasta que, en 2005, decidió venir a España para iniciar una nueva vida en una localidad de la provincia de Castellón. Empezó a trabajar como fontanero e instalador de aparatos de aire acondicionado hasta que, en 2009, perdió su empleo. En este contexto y como en otros años, decide hacer una visita a su país de origen con su mujer. Pero en esta ocasión, contrata cinco seguros de vida y accidentes con unos capitales asegurados particularmente elevados. En marcado contraste, su mujer solo suscribe un seguro de accidentes con una suma asegurada de 30.000 euros para ese mismo desplazamiento. Así, en febrero de 2009, el matrimonio aterriza en Venezuela. Tras pasar varias semanas en el país, un día de marzo el asegurado es atracado mientras conducía un coche. Dos individuos tratan de robarle los 7.000 bolívares que lleva consigo a punta de pistola. En el forcejeo con los asaltantes, el arma que llevaba uno de ellos se dispara y le causa la amputación de varios dedos al asegurado, así como parte de las palmas de sus dos manos. Estas lesiones constituyen una incapacidad permanente total. Ya no podrá volver a ejercer su profesión".
Las empresas implicadas empiezan a analizar el caso y descubren que no hay documentación acreditativa de lo sucedido a pesar de la gravedad de los acontecimientos. Incluso, el perito médico determina que la naturaleza de las lesiones es incompatible con la narración de los hechos que efectúan los implicados.
Si el asegurado, como declaraba, de verdad tenía sujeta el arma con las dos manos mientras forcejeaba con su asaltante, la bala no podía haberle impactado en ninguna de ellas. De hecho, parece un milagro que no resultara herido en otras partes de su cuerpo.
El supuesto lugar donde ocurrió el atraco también resulta sospechoso para las aseguradoras. Varios detalles no coinciden con la realidad. Para colmo, el asegurado declaró haber conducido con las manos gravemente heridas 16 kilómetros hasta un hospital. Esto llama la atención no solo por la proeza física que entraña, sino porque además había dos centros médicos a apenas cuatro kilómetros de donde fue atacado.
En este caso el proceso judicial llegó a durar siete años y alguna de las aseguradoras implicadas llegó a indemnizar al asegurado. Sin embargo, la Audiencia de Castellón reconoció las anomalías del caso y el juez decretó que no estaba suficientemente acreditado cómo se produjo el atraco ni, sobre todo, que este fuera ajeno a la intencionalidad del asegurado. AXA eludió el pago de 717.159 euros, mientras que Generali evitó el desembolso de otros 276.822 euros.
Estos quizás sean ejemplos extremos, de ahí que merezcan ser distinguidos con estos premios por la labor de investigación que conllevan y, en algunos casos, las elevadas cuantías que reclaman los presuntos perjudicados. Pero en términos generales lo que han detectado los expertos es un crecimiento sostenido de los intentos de fraude de pequeño importe. Eso sí, continúan existiendo auténticas redes delictivas organizadas dedicadas a simular siniestros, sobre todo, en el ramo de automóviles. El tipo de fraude varía según la rama. En automóvil, lo más frecuente es la reclamación de cantidades desproporcionadas. En las pólizas de diversos, lo más común son los siniestros simulados. Por último, en los seguros personales las estafas suelen consistir en la ocultación de lesiones o daños preexistentes.

 

Faro de Vigo

Cazan en Tui a un conductor sin carné y sin seguro que circulaba ebrio y drogado

El vigués, que nunca tuvo permiso y es reincidente, fue interceptado en la A-55

Un vecino de Vigo fue interceptado por la Guardia Civil en la autovía A-55, a su paso por el municipio de Tui, al volante de un vehículo sin seguro obligatorio ni permiso de conducir; además dio positivo en el control de alcoholemia y el de drogas. Los hechos sucedieron sobre las diez de la noche del viernes, cuando se recibieron numerosas alertas a través del teléfono 062, que avisaban de la conducción errática del conductor de un turismo que circulaba en dirección a Portugal a la altura de Tui.
Una patrulla de Tráfico de O Porriño interceptó el vehículo cuando circulaba muy lentamente a la altura del punto kilométrico 29 y lo desvió por la salida más próxima para ser finalmente inmovilizado en la carretera PO-340 (Tui- A Ramallosa). El conductor es un vecino de Vigo de 43 años de edad, sobre el que recaía ya una condena judicial que le prohibía circular hasta el mes de noviembre porque había sido interceptado varías veces conduciendo sin carné.  El vigués, que nunca obtuvo el permiso de conducir, iba al volante de un vehículo que carecía de seguro obligatorio. Además dio positivo en la prueba de alcohol y drogas. El conductor permanece ahora investigado por dos delitos contra la seguridad vial de los que deberá responder ante el Juzgado de Instrucción 1 de Tui.

Faro de Vigo

Un menor, herido en un atropello esta mañana en Vigo

El arrollamiento se produjo en la Travesía de Vigo a las 8.00 horas

Dos menores han resultado heridos en sendos atropellos registrados en la mañana de este jueves en Vigo y a última hora de la tarde del miércoles en A Coruña. Según los datos facilitados por el 112 Galicia, el primero sucedió pasadas las 8.00 horas de este jueves cuando una menor necesitó asistencia médica tras sufrir un atropello a la altura del número 33 de la Travesía de Vigo de la ciudad olívica.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Vigo, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que llevó a la menor al Hospital Fátima.
Mientras, otro particular alertó al 112 Galicia de un chico que fue alcanzado por un turismo en la Rúa Ángel Senra en A Coruña sobre las 20.00 horas del miércoles. El menor herido estuvo en todo momento consciente y fue atendido por los servicios sanitarios de urgencia. En concreto, el 061 desplazó una ambulancia medicalizada que lo trasladó al Hospital Materno-Infantil.

 

Faro de Vigo

Tráfico toma medidas para evitar la anulación judicial de más multas de positivos por drogas

La Jefatura Provincial incorpora a los expedientes toda la documentación que acredita el cumplimiento de la cadena de custodia, algo que no ocurría antes, según los juzgados

 

La Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra ha movido ficha a raíz de la aparición de una serie de sentencias de los juzgados de lo Contencioso de la ciudad en las que se anulaban sanciones a conductores que daban positivo en los controles de detección de drogas. El principal apartado que cuestionaban estas decisiones judiciales era el referido al cumplimiento de la cadena de custodia de la prueba realizada, desde que se tomaba la muestra al conductor en carretera hasta en donde arroja un primer positivo indiciario, hasta que el resultado se confirma a través del correspondiente contraanálisis en un laboratorio.

Conocedores del contenido de estas sentencias judiciales, la Jefatura Provincial ha tomado medidas para evitar nuevos casos parecidos de anulación de sanciones, al menos en lo que respecta a esta debilidad que se mostraba con la cadena de custodia, tal y como confirmó ayer mismo la jefa provincial, Isabel Alonso de Linaje. Hasta ahora, los expedientes incluían tan solo una comunicación por parte del laboratorio que realiza los análisis en Pontevedra (y con el que tiene firmado un convenio la DGT) de que la cadena de custodia se había mantenido por parte de los funcinarios de Tráfico hasta la recepción de la prueba en el laboratorio. Ahora, y a raíz de estas últimas sentencias, Tráfico está incluyendo en el propio expediente toda la documentación y firmas referidas a la cadena de custodia y que vendrían a probar de manera fiable ante un juez que ésta se habría respetado en todo momento.

La jefa provincial confía en que, al menos en lo que respecta a esta cuestión, la medida adoptada por Tráfico impida la anulación de nuevas multas.

Cabe recordar que en los últimos meses trascendió la anulación de, al menos, cuatro multas de tráfico por parte de distintos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra a conductores que habían dado positivo por el consumo de drogas cuando estaban al volante.

En uno de los casos, por ejemplo, el juzgado ponía en cuestión que la cadena de custodia se intentase justificar con una confirmación por parte de un laboratorio que no es un ente público, sino que se trata de una entidad privada que tiene suscrito un convenio con la DGT. En este proceso, el laboratorio daba fe del cumplimiento de esta cadena de custodia, pero el juzgado sostuvo que "es lo cierto que tal manifestación, efectuada por un ente privado, no reúne presunción de veracidad, y, al ser puesta en entredicho por el interesado, se requeriría una actividad probatoria por parte de la administración para acreditar el cumplimiento de la cadena de custodia".

Es por ello que a partir de ahora la Jefatura Provincial incluirá en el expediente no esta mera confirmación por parte del laboratorio,sino toda la documentación que acredite efectivamente el mantenimiento de la cadena de custodia de las pruebas por parte de los funcionarios hasta su entrega al laboratorio que efectuará las pruebas, tal y como confirmó ayer Isabel Alonso de Linaje.

La anulación de estas multas habían generado cierta preocupación entre los responsables de Tráfico dado que la lucha contra la conducción alcohól

Faro de Vigo

Motos camufladas de la Guardia Civil y drones se unen a la vigilancia de carreteras secundarias

Las aeronaves no tripuladas para detectar infracciones estarán operativas el próximo año, según anuncia el director de la DGT

Más controles por tierra y por aire. La DGT intensificará la vigilancia en las carreteras de todo el país con el objetivo de reducir la accidentalidad y disuadir a los más infractores al volante o sobre dos ruedas. Para ello, Tráfico ha decidido reforzar las horas de vuelo de Pegasus, los helicópteros provistos de radar, utilizar nuevos sistemas de control con avionetas y drones y recurrir a motos camufladas de la Guardia Civil para detectar conductas de riesgo en la red viaria.
A los coches camuflados aparcados en los arcenes se sumará a partir del verano un nuevo aliado para atajar los excesos de velocidad y las conductas antirreglamentarias, como saltarse un stop, adelantar en línea continua, hablar por el móvil mientras se conduce o viajar sin cinturón de seguridad. Agentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico sin uniforme recorrerán con motos camufladas la red viaria gallega, en especial las carreteras secundarias ya que concentran más del 80% de los accidentes de tráfico mortales ocurridos en Galicia.
Es una de las 40 medidas del plan especial diseñado por la DGT para la seguridad vial de motocicletas y ciclomotores que sustituirá al actual, vigente desde 2008, según anunció ayer el director de Tráfico, Gregorio Serrano. Junto a las motos camufladas de la Guardia Civil, el proyecto incluye la señalización de los tramos de mayor riesgo para motoristas y que las motos lleven el sistema eCall de llamada autonómica de emergencias en caso de accidente.
Durante la clausura de la jornada Motos que mueven ciudades celebrada ayer en Madrid, Serrano calculó que la reunión con el Consejo Superior de Tráfico será a finales de julio para llevar a cabo la aplicación efectiva del plan, y que las medidas irán entrando en vigor "progresivamente". Uno de los bloques del plan estratégico que ultima la DGT se centrará en un "mejor y mayor control y cumplimiento de las normas", con medidas como incrementar la vigilancia de tramos peligrosos desde el aire con drones y helicópteros.
Ya en septiembre del año pasado se realizaron en Canarias vuelos de prueba con una avioneta MRI, una aeronave que dispone de un rango de velocidades de operación compatibles con las velocidades de tráfico, autonomía y alcance elevado y posibilidad de embarque de sistemas de captación de imágenes".
Además, Serrano destacó que su departamento ha puesto en marcha "una prueba piloto" para que motoristas de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico "puedan ejercer sus funciones de control y vigilancia en motocicletas camufladas, tal y como ya ocurre con los vehículos de cuatro ruedas". A la "mayoría de conductores", el director de Tráfico les dice que "no tienen nada que temer" si no conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas, pisan el acelerador más de la cuenta o utilizan el móvil mientras conducen.
El nuevo plan actuará en cinco ámbitos: educación y formación, con la introducción de contenidos sobre la utilización de la moto en la formación para el permiso B de conducir; la comunicación, con campañas de concienciación como la que ya lanzada El hombre de cristal; el cumplimiento de la normativa; y la mejora en la seguridad tanto en vehículos y usuarios como en las infraestructuras.
La DGT aspira a conseguir el compromiso de los titulares de las vías para garantizar sus "perfectas condiciones" y reclamar la rectificación de aquellas que "supongan un peligro", según detalló Serrano. Para ello, Tráfico trabaja en el plan Invive con el objetivo de realizar una "radiografía" de las carreteras más peligrosas de España para los vehículos de dos ruedas y poder trasladar esa información más tarde tanto a las comunidades como al Estado y a las diputaciones.
En cuanto a la seguridad en el propio vehículo, Serrano anunció el uso de "motos camufladas" para controlar las situaciones en las que se producen infracciones así como evitar que los motoristas conduzcan bajo los efectos del alcohol y las drogas. En cuanto a los drones, están ya en proceso de "ser aprobados" y se está procediendo a formar a los operadores, con el objetivo de que a principios de 2019 estén ya preparados para su uso.

 

El Pais

¿Qué pasaría si el accidente mortal de Uber hubiera sucedido en España?

La responsabilidad ya no pivota sobre el conductor sino sobre el correcto funcionamiento del vehículo

A raíz de la reciente noticia del fallecimiento de una persona en el estado de Arizona (EE.UU) como consecuencia del impacto de un vehículo autónomo, vuelven a saltar a la actualidad jurídica las derivadas civiles y penales de las consecuencias lesivas e incluso mortales en este tipo de siniestros.
En un primer momento, parece que esto no pudiera ocurrir en España dado que no está autorizado el pilotaje autónomo. Sin embargo, no nos es ajeno el desarrollo del vehículo autónomo y, por tanto, más pronto que tarde, el legislador y los tribunales tendrán que enfrentarse a esta nueva realidad.
La mayoría de los artículos que se han publicado en referencia a la regulación específica de la responsabilidad civil derivada de los daños producidos por vehículos autónomos siempre han llegado a la misma conclusión: es necesaria una nueva regulación, ya que las actuales leyes están pensadas dentro de una estructura normativa en donde tras un vehículo a motor que causa daños hay una persona culpable (en el sentido civil) de la que deriva una responsabilidad civil que asume (paga) la compañía aseguradora
En este sentido, ¿qué hubiera ocurrido si ese accidente se hubiera producido en cualquier ciudad española? ¿con qué armas cuentan los Tribunales españoles para actuar con nuestra legislación actual?

No tiene la consideración de vehículo a motor

Lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es sobre el hecho de que el vehículo Volvo, conforme a nuestra legislación no se le puede considerar vehículo a motor, dado que según lo que prevé el Reglamento del Seguro Obligatorio de RC en la Circulación, para que pueda ser considerado vehículo necesita autorización administrativa para la conducción de este tipo de vehículo, la legislación que podría serle de aplicación sería la genérica de la responsabilidad civil extracontractual por culpa del art. 1902 del Código Civil, y no la especifica por riesgo u objetiva para responsabilidad derivada de accidentes de circulación, prevista en la Ley de Responsabilidad Civil, que sin duda sería mucho más beneficiosa para la víctima.

Ley para la Defensa de los Consumidores

Podríamos considerar también que la responsabilidad civil derivada de este accidente es en realidad una responsabilidad civil extracontractual derivada de un producto defectuoso, ya que los sistemas de detección de objetos en la carretera o el sistema de corrección en la dirección ha fallado y como consecuencia del fallo se ha producido el fatal desenlace. En este caso, sería de aplicación la Ley General para la Defensa de los Consumidores, y, por tanto, la protección a la víctima sería más férrea que la contemplada con la legislación actual en materia de accidentes de circulación, ya que en aplicación de esta Ley no se exige la prueba de la culpa, y, por otro lado, no se permite al productor exonerarse de la responsabilidad probando que actuó con la debida diligencia, y ni tan siquiera probando que no había puesto el producto en circulación.
Además, la protección que actualmente brindaría la Ley General de la Defensa de los Consumidores incluiría no sólo los daños personales, incluida la muerte, sino también los daños materiales, lo que también transciende de la actual regulación prevista en la Ley de Responsabilidad Civil.
En el siniestro que ahora analizamos parece que en el asiento del volante del vehículo autónomo viajaba una persona, pero sin control efectivo sobre el automóvil, por tanto, nada obsta a que si esa persona también hubiera sufrido lesiones o daños materiales tuviera que ser igualmente indemnizado en base a la Ley General para la Defensa de los Consumidores, por cuanto que también es víctima del producto defectuoso.

Desaparece el factor 'conductor'

Nos encontramos por tanto ante una nueva realidad en donde la responsabilidad ya no pivota en torno al conductor del vehículo, por un motivo obvio: la derivada “conductor” desaparece de nuestra ecuación, y, por tanto, los futuros (y vemos que actuales) accidentes de vehículos autónomos sólo pivotan en torno al correcto funcionamiento del vehículo autónomo. Por tanto, el vehículo autónomo implicado (no digo causante) en un accidente de circulación sería responsable de las consecuencias civiles dimanante del mismo por la vía de la legislación de producto defectuoso.
No obstante, lo que tendrá que probar siempre la víctima del accidente, tal y como ocurre en la actualidad y conforme a la Ley General de la Defensa de los Consumidores es el daño, el defecto y la relación causal entre defecto y daño.
Por lo tanto, tras analizar el caso de la primera muerte provocada por un vehículo autónomo, y la respuesta del marco jurídico español, parece razonable que la responsabilidad se articule en torno a una responsabilidad objetiva ligada íntimamente a lo que actualmente se regula para los productos defectuosos.