Trabajadores de la zona azul dicen que cientos de multas podrían ser ilegales
UGT cree que la licitación de la XER está paralizada porque Dornier pide una compensación por perder plazas
El sindicato
UGT
tiene la sospecha de que durante los meses de julio y agosto pudieron
ser interpuestas cientos de denuncias por impago en la zona azul de
aparcamiento de la ciudad de una forma presuntamente ilegal. «S
on
supostas denuncias feitas por persoal non autorizado durante os meses
de xullo e agosto, polo que poderían ser ilegais e, polo tanto, ilegal o
seu cobro», explican desde el sindicato UGT, a través de la
federación de servicios. Desde la central recuerdan que el personal
autorizado para sancionar a los vehículos infractores debe estar
registrado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuando un controlador de la zona Xestión do Estacionamento Regulado (XER)
formula una denuncia contra el propietario de un vehículo tiene que
expresar en la misma que sus datos aparecen publicados en el BOP, que
pertenece a la empresa concesionaria del servicio, que actualmente es
Dornier S.A. y las causas que motivaron la sanción. Cumplimentada esta
parte, el Concello de Vigo procederá a incoar un expediente sancionador
que conlleva una multa de 30 euros por superar el horario autorizado en
el billete de aparcamiento.
La denuncia efectuada por el
sindicato UGT está contextualizada en la paralización del concurso de
estacionamiento regulado en superficie, lo que comúnmente se conoce como
zona azul. En este sentido, la central sindical opina que el motivo de
esta paralización puede ser «a reclamación da empresa Dornier S.A., que solicita unha compensación económica a causa da eliminación de 850 prazas».
Para UGT, la situación de este concurso es también «responsabilidade
da propia mesa de contratación, á que faremos tamén responsable no caso
de asumir a oferta de Dornier, ao ser totalmente lesiva e precarizadora
para as e os traballadores do servizo».
El
concurso lleva en la mesa de contratación varios meses debido a una
sentencia judicial que obligó a cambiar algunos pliegos de condiciones. «Esta
situación está xerando multitude de deficiencias no servizo, tanto cara
á cidadanía -hai algunhas máquinas avariadas dende hai tempo- como cara
ao cadro de persoal, soportando constantes incumprimentos do convenio
colectivo en matería de saúde laboral, ou mesmo na carga de traballo,
incrementada constantemente ao non ser cubertas as baixas por parte da
empresa», explica el sindicato.
Según señalan desde la Unión General de Trabajadores, la oferta económica presentada por Dornier, la actual concesionaria, «constitúe
unha rebaixa de tal desproporción que a propia empresa só podería levar
adiante o contrato eliminando portos de traballo, é dicir, depositando
esta irresponsabilidade no cadro de persoal, feito que non imos
consentir; non imos permitir unha soa rebaixa sobre os dereitos das e
dos traballadores da concesión». Desde el sindicato denunciante se afirma que «unha
empresa á que o Tribunal Superior de Xustiza anulou precisamente esta
adxudicación por considerar o concurso un proceso viciado, non pode
resultar a adxudicataria do mesmo servizo noutra ocasión». Desde el sindicato se concluye diciendo que con este tipo de actuaciones «corremos
o risco de converter o servizo do aparcadoiro regulado nun servizo
unicamente cun mero afán recadatorio, algo contrario ao espírito que
debería ter».
El año pasado, el Concello paralizó el nuevo concurso de la
XER (Xestión de Estacionamiento Regulado), que ya estaba en su fase
final, debido a la anulación judicial del contrato que tenía Dornier
provocado por un recurso presentado por tres empresas interesadas en la
gestión de la XER, que acudieron al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales dependiente del Ministerio de Hacienda. Esycsa,
Indigo Park y Dornier, esta última la actual concesionaria, denunciaron
que no se había incluido el coste del IVA en un contrato de algo más de
23 millones de euros.
El tribunal notificó la incidencia al gobierno
local, que encargó un informe a un técnico municipal. Su dictamen fue
contrario a la reclamación, asegurando que la cuestión del IVA «no
afecta al Concello y sí atañe al licitador», por lo que no debería
admitirse, es decir, descartó que el pago de este impuesto afecte al
equilibrio económico de la concesión «ya que los ingresos superan a los
gastos».
Pese a este dictamen, el gobierno vigués optó
por ser precavido y prefirió suspender el proceso de licitación y
esperar la decisión del Tribunal Administrativo Central.
Ya a finales de año, el Concello sacó una
nueva licitación del contrato de la ordenanza reguladora de aparcamiento
en zona azul para los próximos diez años con posibilidad de que sea
prorrogado otros dos como máximo. La justicia anuló la explotación. Está
valorado en más de 23 millones de euros, lo que lo convierte en uno de
los principales del Concello vigués.