Preocupación ante el incremento de menores sorprendidos conduciendo
La Fiscalía constata 83 casos desde el 2013, treinta de ellos en el último año
«Los delitos contra la seguridad vial [cometidos por menores] siguen
experimentando un aumento» en la provincia. Así lo afirman los fiscales
del área de Menores de Pontevedra en un informe incorporado a la última
memoria anual del ministerio público.
Reseñan en sus conclusiones que desde el 2013 es una modalidad
delictiva que ha ido creciendo paulatinamente, una circunstancia que
también han verificado en el seno de Tráfico. La preocupación en ambos
estamentos es más que evidente, si bien el documento de la Fiscalía deja
claro que esta criminalidad no es la que ofrece las mayores cifras de
delitos en las Rías Baixas.
En cualquier caso, y a falta de concretar los casos de este año, en
el 2013 se tuvo conocimiento de diecinueve delitos viarios, una cifra
que se incrementó en cinco casos apenas una año después. De las
veinticuatro infracciones de índole penal en el 2014 se pasó a las
treinta con las que se cerró el 2015.
La mayor parte de estos delitos, concretamente dos docenas, son por
ponerse a los mandos de un vehículo careciendo de la perceptiva licencia
o permiso administrativo. En cuanto a los seis casos restantes, en dos
de ellos se abrieron diligencias judiciales por presuntas conducciones
temerarias, mientras que las otras cuatro fueron motivadas por el hecho
de que el adolescente dio positivo en controles de alcoholemia.
La mayor parte de estos expedientes no terminan en una condena
propiamente dicha de internamiento en un centro de menores. La Fiscalía
de Pontevedra señala que el procedimiento suele concluir con una medida
extrajudicial, la que conlleva la realización de algún tipo de actividad
en el ámbito de la seguridad vial.
Se trata de una posibilidad que contempla la Ley del Menor. En su
artículo 19, expresa que en el caso de que «el hecho imputado constituya
delito menos grave o falta», cabe la posibilidad de que el ministerio
público desista de la continuación del expediente -sobreseimiento o
archivo- cuando el menor en cuestión «se haya comprometido a cumplir la
actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe».
En todo caso, las fuentes consultadas dejan claro que es una medida
que solo se puede aplicar en los delitos en los que no se haya empleado
una violencia o intimidación de entidad.
El ministerio público mantiene vigentes convenidos con las Policías
Locales de Pontevedra y de Vigo y son agentes municipales los que
supervisan el cumplimiento de la medida acordada, mientras que los
adolescentes son apercibidos de que su incumplimiento conllevara que el
fiscal retome el expediente judicial con las consecuencias penales que
eso puede acarrear.
El pasado año, cuatro adolescentes dieron positivo en diferentes controles de alcoholemia
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